Dólares del colchón: los puntos centrales de la Ley de Inocencia Fiscal

Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, la ambiciosa normativa impulsada por la gestión de Javier Milei, que busca blindar a los contribuyentes frente a controles patrimoniales retroactivos y fomentar la declaración de dólares provenientes del mercado informal.

Con la publicación del decreto reglamentario, el Régimen de Declaración Jurada Simplificada entró formalmente en vigencia y estableció un nuevo paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en una menor fiscalización patrimonial a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada.

La norma introduce modificaciones clave al Régimen Penal Tributario y al Código Civil y Comercial, y apunta a un relajamiento de los controles sobre el patrimonio y el consumo, concentrando la fiscalización en los ingresos efectivamente facturados ante la **Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los ejes centrales de la reglamentación

El punto más relevante del nuevo marco legal es la creación del Régimen Simplificado de Ganancias, diseñado para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones.

Entre sus principales características se destacan el blindaje patrimonial, ya que quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones por variaciones en su patrimonio ni por sus niveles de consumo, y el esquema de impuesto por facturación, mediante el cual ARCA solo liquidará el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos declarados. El crecimiento de los bienes personales o los gastos efectuados no será controlado ni podrá utilizarse como base para presunciones de evasión.

Asimismo, el régimen contempla un efecto liberatorio. Según lo establecido en el artículo 39 de la ley, el pago en término de la declaración determinada por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que se demuestre la omisión de ingresos facturados.

Nuevos pisos de punibilidad y plazos

La Ley de Inocencia Fiscal introduce una actualización significativa de los montos a partir de los cuales un incumplimiento tributario pasa a ser considerado delito penal.

En ese sentido, el umbral de evasión simple se eleva de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que el de evasión agravada se incrementa de $15.000.000 a $1.000.000.000. Además, el plazo de prescripción de los delitos tributarios se reduce de cinco a tres años.

Extinción de la acción penal y régimen de multas

La reglamentación también detalla los mecanismos que permitirán a los contribuyentes regularizar deudas pendientes sin enfrentar causas penales. ARCA no iniciará acciones criminales si la deuda y sus intereses son cancelados en una única oportunidad. En los casos en que la denuncia aún no haya sido presentada, el contribuyente podrá extinguir la acción penal mediante el pago de la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días posteriores a la notificación.

Como contrapartida al relajamiento de los controles patrimoniales, la norma prevé un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes incumplan los plazos de presentación de las declaraciones juradas, con multas significativamente más elevadas.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo apuesta a acelerar la exteriorización de activos y a canalizar ahorros hacia el sistema formal, en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer las reservas y dinamizar la inversión privada, garantizando que el origen de los fondos no será objeto de persecución fiscal para quienes adhieran y cumplan con el nuevo esquema.